Por: Olivier Debroise

La mayoría de las zonas arqueológicas del país no ha sido "descubierta"; ahí están, desde épocas muy remotas, Teotihuacán, cerca de los caminos tradicionales entre México y Veracruz; Uxmal y Chichén Itzá, que formaron durante muchos años parte de haciendas henequeneras. Pero casi todas siguen ocultas. Metas míticas para románticos descubridores de tesoros, desde mediados del siglo pasado existe un registro casi completo de los monumentos y de las estructuras prehispánicas. Alemanes, franceses y estadounidenses las han trabajado, a veces con sumo respeto, otras sin el menor cuidado, como Augustus Le Plongeon, más celebrado en la actualidad por sus fotografías de Uxmal y Chichén que por sus investigaciones estrafalarias tendentes a demostrar el parentesco entre los mayas y los caldeos, y quien intentó llevarse a Estados Unidos el Chac-Mol para comprobar quién sabe qué teorías extravagantes. Por el contrario, las viejas piedras han ejercido su fascinación sobre aventureros y arqueólogos más o menos improvisados que han sabido respetar -y hacer respetar- sus descubrimientos, como "el sabio alemán" Teoberto Maler que, sin ser un estudioso de salón capaz de exponer brillantes y renovadas teorías, organizó por su propia cuenta uno de los pocos inventarios con ambiciones exhaustivas de la región maya. Asimismo, el tan vituperado Thompson tenía legítimas intenciones -aunque bastante románticas- cuando emprendió el desagüe del cenote sagrado de Chichén en los primeros años de este siglo.

Algunas de las zonas aún ocultas, no sólo en la jungla chiapaneca sino más cerca de las ciudades del centro de la República, podrían convertirse, después de ser estudiadas, en centros de atracción turística concurridos. La inversión que esto representa, sin embargo, tendría que equipararse con la de Pemex: trazado y mantenimiento de caminos en una geografía poco propicia; difíciles y costosas obras de restauración; complemento de las investigaciones sobre el terreno, etcétera. Los presupuestos dedicados a la cultura no permiten, en las actuales circunstancias, estos gastos, y el INAH se ha visto relegado en los últimos años al papel de un simple organismo de consulta y de vigilancia: los arqueólogos más connotados del país trabajan de la mano con los ingenieros y sólo aprovechan la realización de obras públicas -la perforación de los túneles del metro y del drenaje profundo en la capital del país, las obras de Pemex en el sureste, etcétera- o logran, mediante convenios con centros de investigación estadounidenses, imponer ciertas características a las restauraciones emprendidas por arqueólogos extranjeros. Es lo que sucedió recientemente, entre otros casos, en la zona de Becán en Campeche. En estas circunstancias, el saqueo de piezas arqueológicas parece inevitable. ¿Cómo impedir el paso, en regiones del todo inaccesibles, a "descubridores" con medios incomparables con las posibilidades oficiales del país: helicópteros, grúas, serruchos eléctricos y, también, peritos de primera calidad? Resulta más fácil, por supuesto, desmontar un bajorrelieve y llevárselo que restaurarlo y conservarlo en su lugar. Resulta más económico y mas lucrativo serruchar una estela maya y venderla glifo por glifo -en contra de todas las reglas de la investigación arqueológica y del más mínimo respeto a las obras, sean cuales sean-, que despachar a una serie de expertos a analizarlas in situ e intentar su preservación. La restitución de las piezas, cuando no han sido mutiladas, es poco probable: su proveniencia queda muchas veces por comprobar y, además, la legitimidad de la posesión desencadena -aun en los casos más evidentes- un largo e intrincado proceso legal que, casi siempre, termina beneficiando al poseedor de hecho, sobre todo cuando intervienen organismos oficiales. Amparados en la idea -quizá válida a mediados del siglo pasado- de que las piezas están mejor custodiadas y preservadas en las instituciones del primer mundo, los museos aceptan difícilmente la devolución. Un caso actual y ejemplar: el Códice Mexicano de la Colección Aubin, "sustraído" en 1982 de la Biblioteca Nacional de París y actualmente depositado en el Museo de Antropología, se ha vuelto un casus belli cultural entre México y Francia, por ser un asunto insoluble desde el punto de vista legal (según la legislación mexicana, no se puede "devolver" una pieza histórica mientras la legislación francesa impone castigo por el robo). Todo esto, sin contar que el patrimonio arqueológico de México se deprecia continuamente con los años, no sólo por la falta de medios, sino por el simple paso del tiempo y la acción de los elementos naturales.

El saqueo del Museo de Antropología durante la pasada noche de Navidad, planeado como un guión sensacional, no sólo ha de volverse tema de conversaciones en este fin de año, seducirá sin duda a los Sherlock Holmes aficionados y a los directores de cine. Ojalá sirva, sin embargo, para llamar la atención sobre saqueos continuos, menos publicitados, de mayores proporciones y no siempre "inevitables".