Por ello, el gasto en cultura es (y debe ser) sólo eso, puro gasto. El debate acerca de cómo manejar los recursos para la cultura debe poner énfasis en el grado de libertad y autonomía que propicia determinada política, en el entendido de que toda "política cultural" supone un difícil balance entre los hipotéticos deseos del consumidor y las no del todo justificables (pero ineludibles) necesidades del productor. Entre tareas de los próximos años deberá estar acabar con la simulación de patronazgo que caracterizó al régimen priista. Así como CONACULTA jamás fue un "consejo," es decir, no fue una coordinación de instituciones autónomas, tampoco ha sido un verdadero patrocinador. Su logo es impuesto a cuanta actividad cultural ocurre en el país, simulando un apoyo que no siempre ejerce. Hace falta un verdadero fondo para las artes que sustituya enteramente el ejercicio arbitrario de fondos públicos, y que además no tenga relación alguna con la toma de decisiones sobre proyectos o puestos administrativos.

Lo ideal es que el financiamiento directo de las instituciones culturales sea suficiente para permitirles operar con dignidad, por ejemplo, que los museos puedan adquirir, exhibir, formar bibliotecas y contratar servicios intelectuales autónomamente con lo que reciben. Sin embargo, siempre será necesario un financiamiento extraordinario para proyectos especiales. Para ello hay que constituir instituciones que adscriban fondos independientemente de la "autoridad cultural", y bajo criterios profesionales.

El modelo de una gestión así son instituciones como el Arts Council de Inglaterra, la DAAD de Alemania o lo que fue el NEA de Estados Unidos. Esa clase de órganos reciben solicitudes de recursos de las propias instituciones públicas, de modo idéntico a como lo harían ante cualquier patrocinador privado. Los proyectos así sometidos se apoyan o rechazan por comites de profesionales que son contratados ex-profeso para juzgar sobre esos proyectos. De esa manera el mecanismo de financiamiento se convierte en un medio de institucionalización y búsqueda de calidad. Por decir algo, los museos concursan y compiten entre sí por becas para sus exposiciones o adquisiciones. Para ello se han acostumbrado a establecer proyectos profesionales, pues sólo planeando con inteligencia y verdadera antelación es que obtienen los apoyos oficiales. El resultado es que uno no debe favores a ningún funcionario por obtener recursos, sino a su capacidad para convencer a otros profesionales acerca de la viabilidad e interés de un proyecto.

Por supuesto, es necesaria una mayor participación privada en la cultura, pero hay que entender que si en México el grueso de patrocinio viene del Estado no sólo tiene que ver con el presidencialismo o la impronta francesa, soviética o vasconcelista de nuestro siglo XX. También cuenta el carácter postcolonial de un empresariado que ha sido un muy tibio patrono de cultura, y jamás ha competido por prestigio promoviendo la imaginación contemporánea. El cierre de instituciones como el Museo de Monterrey o el Centro Cultural Arte Contemporáneo, debería mostrar cuan superficial y caprichoso es el comportamiento de la iniciativa privada en este rubro. Habrá que añadir el hecho de que las tasas impositivas mexicanas son comparativamente muy bajas, lo que hace improbable que las exenciones fiscales vayan realmente a impulsar gasto privado en cultura.

Así las cosas, es previsible que el grueso de la cultura tenga que ser mantenida desde el Estado. Por ello, hay que formular un sistema que combine financiamiento público con autonomía y vitalidad. La cultura y el arte contemporáneos son sanamente oportunistas acerca de su sustento: lo mismo da si se tiene que usar (y abusar) del mercado, las becas, las comisiones públicas o el apoyo comunitario. Lo prioritario es que financiar deje de ser un mecanismo de favoritismo o control.